El suelo rural por su naturaleza, siempre ha estado destinado a mantener su función agroalimentaria, forestal y de mantenimiento de la biodiversidad y los ciclos naturales. La consideración de su importancia y carácter estratégico para toda la sociedad, ha llevado al resto de las comunidades autónomas y países de la Unión Europea a preservarlo a toda costa, evitando construir en él: toda la normativa estatal y europea de los tiempos actuales va en este sentido.
Tras 40 años de autogobierno y del ingreso en la Unión Europea, los principales partidos políticos de Cantabria han sido incapaces de reorientar y potenciar un nuevo modelo económico para el mundo rural, ni tampoco de establecer un proyecto moderno, próspero y sostenible a largo plazo para toda la comunidad. El balance actual de esta gestión, tras 40 años de autonomía, es desalentador: la progresiva degradación territorial y el continuo declive económico que estamos padeciendo.
La nueva ley del suelo que ahora se tramita, supone la culminación del fracaso territorial y económico de las últimas décadas, por la incapacidad y cortedad de miras de los partidos y políticos que vienen gobernando nuestra tierra: como tras 40 años no saben qué hacer con el suelo fértil de la comunidad, con esta ley han decidido acabar definitivamente con él, dedicándolo a la construcción.
Con esta ley Cantabria se consagra como pionera en gestión territorial involutiva e insostenible, situándose al revés de todo el mundo. La modificación de la ley de 2.012 que permitió construir en suelo rústico, ha supuesto un error territorial que ha posibilitado edificar casi 1.500 viviendas dispersas por prados y mieses, fuera de los núcleos rurales.
En lugar de corregir este error, los principales partidos políticos del Parlamento de Cantabria insisten en mantenerlo, autorizando la construcción aislada en suelo rústico. Perpetuar esta situación anómala es de enorme trascendencia negativa, porque acaba con las posibilidades económicas de relanzar todo el sector primario a un tipo de actividades productivas con demanda en la sociedad actual. Nuestros prados y mieses deben dedicarse a actividades agroganaderas, hortofrutícolas y forestales, que sirvan de recurso básico para industrias agroalimentarias y de la madera, en lugar de llenarlas de segundas residencias estacionales, convirtiendo a nuestros suelos más fértiles en espacios de periferia urbana.
La aprobación de la nueva ley, ofrecía la oportunidad de corregir el error, volviendo a la práctica normal de las comunidades vecinas, en las que el suelo rústico se preserva para cultivar y no para construir. No se trata de permitir en mayor o menor medida, un uso inadecuado del suelo fértil construyendo más o menos en él, sino de recuperar la normalidad de volver a usar el suelo rural para la secular función que ha sido y es propia de su naturaleza.
Por el contrario, esta ley se ha hecho para satisfacer los intereses cortoplacistas de políticos y alcaldes, perjudicando a Cantabria y a toda la sociedad, al imponer a la comunidad su suicidio territorial y económico. Con esta ley, Cantabria seguirá retrocediendo y profundizando en un
modelo territorial indigno, privando para siempre a las futuras generaciones, de seguir aprovechando el suelo fértil indefinidamente, como se ha venido haciendo hasta ahora.
Carlos García.
INICIATIVA CANTABRIA SOSTENIBLE