TELESUR informa que organizaciones indígenas colombianas están demandando un plan de emergencia y una política para evitar la violencia contra su comunidad.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó la semana pasada el Tercer Informa de Afectaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al derecho Internacional Humanitario ocurridos en los Pueblos, Naciones y Comunidades Indígenas donde se reportaron unas 14.270 víctimas.
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De acuerdo con el documento de la ONIC, en calidad de Autoridad Nacional del Gobierno Indígena y mediante la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, los hechos fueron registrados desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2021.
Las cifras reafirman que en el último trimestre fue el más violento respecto a los dos anteriores, donde en el primer trimestre las víctimas de violaciones a los derechos humanos contra las naciones y pueblos indígenas se contabilizaron en 3.774 y en el segundo trimestre fueron unas 631 personas.
“Hoy la Organización Nacional Indígena de Colombia lamenta profundamente la situación por la que están atravesando Comunidades, Pueblos y Naciones indígenas enteras en Colombia como lo hemos identificado a través de nuestras organizaciones filiales y no filiales”, indicó el informe de la ONIC.
Según el documento, la principal afectación registrada fue el confinamiento de la población indígena con 10.021 personas dañadas, lo que significó el 70,22 por ciento de víctimas totales. Estas personas se sienten atrapadas en sus propios territorios ante la presencia de grupos armados legales e ilegales.
El confinamiento incide fundamentalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño, ante la presencia de grupos armados legales e ilegales que generan “zozobra y miedo por su accionar violento, que conduce al confinamiento de los comuneros”, agrega el texto.
Igualmente, el desplazamiento forzado le sigue en la lista de principales problemas, con el 25,69 por ciento de los indígenas desplazados (3.666).
A su vez, el hostigamiento afectó a 163 indígenas lo que representa el 1,14 por ciento. Seguidamente, está el reclutamiento forzado, que fue un indicador sorpresivo en esta medición, pues en el segundo informe trimestral del año presentado por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, el hecho ocupaba el último puesto en la lista.
El reclutamiento forzado subió de la casilla 17 a la 4, pues se reclutaron a 134 indígenas, para un 0,94 por ciento. Estos reclutamientos han sido denunciados por los líderes indígenas de los resguardos Zenú y Emberá Katío, con más de 130 niños reclutados en sus comunidades por grupos armados en el sur de Córdoba.
La ONIC “exige y Exhorta al Gobierno Nacional” que intervenga con enfoque diferencial indígena y con concertación con las autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas, para “materializar un Plan de Emergencia Integral e inmediato y una Política Pública holística de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones”, subraya el Informe.
Además, exigen que se implemente a cabalidad el Acuerdo de Paz, especialmente su Capítulo Étnico, además de comenzar el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el desmonte del paramilitarismo en el país.