Represión y ataques en la ciudad de Cali se salda con 10 muertos

La capital del Cauca vivió una noche de violencia tras la cuenta represión de los efectivos de seguridad.

CaliA pesar de continuar la mesa de negociaciones con el Comité Nacional del Paro, el Gobierno de Colombia continúa con la represión estatal contra las protestas, un mes después de iniciadas, en especial en la ciudad vallecaucana de Cali, la cual vivió una noche de terror el viernes, denuncian organizaciones de resistencia.

La magnitud de la violencia fue confirmada por el secretario de Seguridad de Cali, quien dijo que en las últimas 24 horas fallecieron 10 personas de forma violenta en la capital del Valle.

Organizaciones de resistencia civil desde la ciudad denunciaron que funcionarios de la Fiscalía local y otros civiles habían disparado contra los manifestantes y asesinaron a dos jóvenes con los cuales se enfrentaron a tiros. Denuncian, de igual manera, que esos civiles actúan con «complicidad de la fuerza pública».

Las denuncias y las informaciones de las autoridades de Cali coinciden en que las mayores afectaciones se presentaron en el sur de la ciudad, las confrontaciones se dieron en el barrio Ciudad Jardín, donde resultaron 23 personas heridas hasta el momento.

Entretanto, a través de su cuenta en Twitter, la gobernadora Clara Luz Roldán se hizo oficial la medida de toque de queda en el Valle como consecuencia de los disturbios de la jornada de este viernes, «debido a la desbordada situación de orden público presentada el día de hoy».

A su vez, el presidente Iván Duque regresó a la ciudad de Cali la noche del viernes con el anuncio del «máximo despliegue de asistencia militar a la policía nacional en la ciudad», con lo cual, según el propio mandatario «este despliegue llevará a casi triplicar la capacidad de despliegue en todo el departamento».

Las organizaciones del Paro Nacional denuncian que, de esa manera, el presidente Duque «señala de terrorismo de baja intensidad a la protesta social, y, a partir de ahí, legitima un despliegue militar y judicial contra la población vallecaucana», lo cual «configura una declaratoria de guerra contra la ciudadanía».